“Fondo de adelanto social minero por resultados” (Por Nathan Nadramija, socio de METIS GAIA, publicado en Gestión 22 de febrero 2017)

Gestión

El Fondo de Adelanto Social (FAS) minero busca viabilizar los proyectos mineros y de hidrocarburos que enfrentan resistencias de la población local. El Fondo apunta a financiar obras y servicios que generen bienestar en la población y atiendan las expectativas pre-proyecto. Está pendiente que el MINEM publique el reglamento para su operación. Esta iniciativa es un paso en la dirección correcta en la medida que funcione efectivamente. Para ello, se presentan algunas recomendaciones:

Gestión por Resultados: El FAS debería ser diseñado como un Programa Presupuestal por Resultados en el que la brecha es el número de proyectos que no tiene viabilidad. Las causas de esa brecha son, entre otras, la ausencia del Estado, la falta de inversión pública y las carencias de gestión, articulación y comunicación. El FAS buscará atacar estas distintas causas a través de sus productos y actividades. El Programa Presupuestal de DEVIDA es un modelo que el FAS puede copiar pues complementa diversas acciones que son competencia de otros con transferencias a diversas instituciones o ejecuciones directas siempre que estén alineados con el resultado. El éxito del fondo será el destrabar proyectos y así debería reportarse.

Articulación y coordinación: Los ejecutores principales deben ser los Gobiernos Regionales y Locales a los que se suma la acción del gobierno central. El FAS debe estar articulado con todos estos actores y promover que todos estén articulados entre sí. Los recursos deben ser asignados para complementar e impulsar el gasto público ordinario de las distintas instituciones en el marco de un plan. Por otro lado, la empresa debería alinear también sus compromisos del EIA y otros de Responsabilidad Social de modo que se eviten duplicidades, se generen sinergias y aumenten los efectos y la sostenibilidad.

El plan: Se requiere un plan de desarrollo para las zonas en las que se intervendrá. Estos deberían ser los Planes de Desarrollo Concertado Regional y Locales si es que están bien formulados. En estos planes se deben atender las carencias en servicios e infraestructura y también las trabas a la generación de mayores ingresos. En contextos rurales la gestión del agua suele estar en la intersección de ambas agendas. Entre la infraestructura y servicios claves destaca la educación en todos sus niveles, la salud y nutrición, la conectividad física y de comunicaciones, la electricidad y los servicios al ciudadano. En la generación de ingresos, con enfoque de desarrollo económico territorial es necesario mejorar el acceso a mercados, expandir frontera agrícola con mayor productividad, enfocarse en pocos productos con alto potencial, y capacitar a los jóvenes para aumentar empleabilidad y tener mayores oportunidades. Formular un buen plan de desarrollo es en sí mismo un gran primer paso.

Proyectos a incluir: Se deben incluir todos los proyectos que se encuentren listos para construcción o en fases avanzadas de estudios en los que exista una empresa comprometida para invertir. Esta lista puede revisarse periódicamente, tanto para incluir o excluir zonas y proyectos.

Errores que evitar: Un fondo que invierte en bienestar debería ser positivo independientemente al proyecto que se busca viabilizar. Sin embargo, es importante destacar dos tipos de errores que deben evitarse. El primero son las inversiones en infraestructura en las áreas que serán parte de la huella del proyecto. Es decir, son áreas que tendrán que ser adquiridas por el inversionista e invertir es ineficiente y puede generar trabas. El segundo es invertir en elefantes blancos en estas zonas. En muchos casos, un centro poblado no debería tener todos los servicios pues algunos requieren determinado tamaño de población para que tengan sentido como por ejemplo hospitales o universidades.

Participación Ciudadana, normativa ambiental y minera en el Perú

Por: Raymundo Mogollón, Consultor de METIS GAIA (pe.linkedin.com/pub/raymundo-jesús-mogollón-ñáñez/48/981/6a6/)

En momentos que se discute sobre la importancia de la inversión privada y las trabas que enfrenta tanto a nivel político como burocrático, por ejemplo, las industrias extractivas como la minería, energía, etc., este artículo muestra algunos de los principales errores y best practices en los procesos de participación ciudadana y cómo su buena implementación representaría un positivo aporte social no aprovechado aún en nuestro país.

La Participación Ciudadana y la minería

La procesos de Participación Ciudadana, como parte de los Estudios de Impacto Ambiental, ponen a disposición de la población la información necesaria sobre las actividades (en ejecución o proyectadas) de los proyectos que se desarrollan en su entorno.  En este sentido, las buenas prácticas de este ejercicio aseguran mayores niveles de confianza y generan percepciones de transparencia en la gestión de las actividades de las empresas.

La empresas mineras, actores en un sector testigo de muchos conflictos sociales y ambientales, son conscientes que la mayoría de sus problemas podrían surgir a raíz de la deficiente o inexistente comunicación entre ellas y la población. Todo indica que este problema ha sido percibido por el Ministerio de Energía y Minas, ya que en la versión actualizada en el 2011 de su  reglamento de “Participación Ciudadana en el sub sector minero” (D.S. 028 – 2008 – EM) se exige que los procesos de Participación Ciudadana se implementen a lo largo de la vida útil de los proyectos mineros (después del otorgamiento de la concesión minera, durante los proyectos de exploración y cuando se ejecuta la explotación y beneficio), promoviendo así el desarrollo ordenado, previniendo conflictos y construyendo consensos entre los titulares mineros y la población.

Principales errores

A pesar de ello, existen algunos errores que entorpecen la construcción paulatina de confianza entre los involucrados, factor crucial en el intento por concretizar objetivos y alcanzar beneficios mutuos. Entre los más comunes se encuentran[1]: i) la falta de transparencia en la entrega de información y negociaciones, lo que genera desconfianza entre los involucrados, ii) la débil presencia del Estado como promotor del desarrollo local y garante de los derechos e intereses de la población y iii) la poca experiencia de autoridades locales representantes de las comunidades para definir prioridades de desarrollo a largo plazo.

Por ejemplo, sobre la actuación del papel del Estado, Tanaka, Huber, Revesz, Diez, Richard y de Echave (2007) mencionan:

“La actuación del Estado en los conflictos muestra su presencia desigual en los diferentes casos y espacios. Sin embargo, coincide que esta actuación está más orientada a resolver los problemas generados por los estallidos de los conflictos que a solucionar las causas que los generan” (p. 9)

Buenas prácticas

Con el fin de promocionar la actividad minera en el país a través de la construcción de relaciones comunitarias armoniosas, las entidades públicas como ente normativo y las mineras como implementadores comprenden la importancia de algunos Best Practices como i) el desarrollo constante de relaciones de confianza y cooperación (titular – Comunidad), ii) la creación de espacios de dialogo que permitan alinear perspectivas entre los involucrados, y por último iii) fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades como uno de los pilares de las buenas relaciones.

Asimismo, surge la necesidad de que una vez implementados eficazmente los procesos, sean acompañados por sistemas de monitoreo que le brinden sostenibilidad y que permitan fortalecer una práctica permanente que garantice un dialogo fructífero y asegure la viabilidad social de los proyectos mineros.

Finalmente, es importante resaltar que una de las principales recomendaciones que se puede desprender de la historia reciente es que la responsabilidad compartida entre el Estado (en su rol evaluador del cumplimiento de la legislación ambiental/social) y el titular minero debería ser, en primera instancia, resolver las confusiones de la población sobre las obligaciones de las empresas (mineras) en términos de inversión social, dado que esto representaría el motivo de numerosos conflictos en el sector.


[1] Bautista, M. (2011). Manual de Participación Ciudadana. Proyecto de Reforma del Sector Minerales del Perú.