“SNIP, ¿muerte o reforma?” (Por Nathan Nadramija, socio de METIS GAIA, publicado en Gestión el 8 de noviembre de 2016, pág 21)

El SNIP nace con el fin de asegurar un mínimo de razonabilidad y pertinencia técnica de los proyectos de inversión pública y evitar monumentos al sombrero o plazas de toros para más espectadores que habitantes de la localidad. La mayor queja son las demoras y plazos debido a que formular los proyectos se convirtió en una tarea más exigente, con más pasos que requieren aprobación. Otra queja es la baja calidad de muchos de los proyectos que son aprobados. ¿Esto justifica eliminar el SNIP o es necesario reformarlo?

Al escarbar sobre las causas de las demoras y baja calidad de proyectos saltan múltiples carencias en las instituciones:

  • No cuentan con planes estratégicos que enmarquen y prioricen los proyectos de inversión.
  • No coordinan con los distintos niveles de gobierno para la formulación ni ejecución y así evitar duplicidades.
  • Sus capacidades de formulación son muy bajas incluso contratando consultores.
  • La volatilidad política es alta y las autoridades son cortoplacistas.
  • Los niveles de corrupción son altos y enquistados a todo nivel con los famosos diezmos.

Resolviendo las ineficiencias y cuellos de botella se pueden reducir los plazos pero no eliminar. Se necesitan proyectos bien formulados, desarrollados sobre diagnósticos bien realizados y que se encuentren priorizados en el marco de un plan estratégico razonable, para evitar los “elefantes blancos”. Por ello, la solución no es matar el SNIP sino fortalecer el sistema atacando las principales carencias mencionadas.

  • Planeamiento Concertado de Calidad: Para evitar proyectos de bajo impacto y reducir tiempos en la evaluación de la pertinencia de un proyecto se requiere fortalecer los planes estratégicos concertados, participativos, realizados con adecuados diagnósticos y trabajo prospectivo. Los planes deben ser de conocimiento público y actualizados periódicamente como documentos vivos. Entre los participantes deben estar actores políticos de los distintos partidos para disminuir la volatilidad en los cambios de gobierno como también actores el sector privado y la sociedad civil.
  • Sistemas de información actualizados: Para formular los planes estratégicos y proyectos se requiere información actualizada periódica que permita evaluar brechas, demandas y prioridades como también características y escalas de los proyectos así como también las mejores alternativas. Estos sistemas deben ser liderados por los sectores y los gobiernos regionales con la participación de todos los actores. 
  • Articulación de distintos niveles de gobierno: El planeamiento debe ser articulado de modo que los niveles distrital, provincial, regional y nacional estén coordinados y eliminen duplicidades. También es necesaria la articulación para contar con una escala adecuada de proyectos que permita aumentar la eficiencia en la formulación, en la ejecución y supervisión y que reduzca también las posibilidades de corrupción.
  • Fortalecimiento de capacidades de formulación: Las capacidades de formulación del nivel central deben ser puestas a disposición de los niveles regionales a través de asistencia técnica, pasantías e intercambios. Al mismo tiempo, es necesario que a nivel regional se cree un pool de expertos que estén a disposición para la formulación articulada de proyectos para los niveles regional, provincial y distrital para proyectos de mayor complejidad en permanente interacción con los equipos formuladores de cada institución.   
  • Sistematización y difusión de conocimiento y buenas prácticas: No solo deben darse guías genéricas sino que se debe gestionar el conocimiento y ponerlo a disposición de los usuarios. Por ejemplo, construir bancos de proyectos tipo que puedan ser utilizados en proyectos parecidos. También sistematizar las buenas prácticas durante todo el ciclo de proyectos que permitan reducir tiempos, aumentar eficiencia y contar con proyectos con características y niveles de servicio pertinentes.

Más que muerte del SNIP se necesitan mejores prácticas de gestión, una revaloración del planeamiento y mayor articulación entre los distintos niveles de gobierno.

“El eslabón ignorado de la inversión pública” (Por Nathan Nadramija, publicado en Gestión el 7 de setiembre de 2016)

El nuevo gobierno está decidido a impulsar proyectos de inversión pública, destinando miles de millones de soles del presupuesto nacional, para brindar agua y desagüe a todos los peruanos, mejorar la infraestructura de transporte y “destrabar” grandes proyectos en diversos sectores.

A pesar de los beneficios de estas iniciativas, la experiencia reciente nos muestra resultados negativos expresado en demoras, paralizaciones, incrementos de presupuesto, tarifas más elevadas, deterioro de la reputación y pérdida de confianza. Este fenómeno se debe principalmente a que, aún contando con estudios de viabilidad económica, legal, técnica y hasta ambiental, los proyectos en el Perú ignoran la viabilidad social.

Se debe involucrar y gestionar las expectativas y preocupaciones de potenciales usuarios, vecinos afectados por la construcción, familias que deberán ser expropiadas/reasentadas, entre otros. Este involucramiento debe arrancar desde la priorización de proyectos, el diseño y el análisis de alternativas y continuar durante la construcción y operación.

Esto es más relevante en un contexto global y nacional en el que las expectativas de la población son crecientemente sensibles a los temas ambientales y sociales. A pesar de que la experiencia internacional e inclusive nuestra normativa reconocen el aspecto social como importante, estas recomendaciones son letra casi muerta.

En este contexto, es necesario que el Estado priorice el cumplimiento de la viabilidad social y ambiental de los proyectos en un marco de análisis de eficiencia, eficacia y control de costos. Las siguientes buenas prácticas contribuirán a reducir demoras y sobrecostos de muchos proyectos:

  • Mapear actores: es clave identificar a los actores relacionados al proyecto, sus niveles de influencia, interés e involucramiento, y las relaciones entre actores con un monitoreo continuo.
  • Sensibilizar: autoridades y técnicos, públicos y privados deben reconocer la importancia de la dimensión social de los proyectos tanto en su diseño como en su ejecución.
  • Diseño acorde: En primer lugar se debe confirmar la prioridad social del proyecto. Si pasa el filtro de prioridad, tiene que asegurarse que el diseño recoja las necesidades de los usuarios en un marco de control de costos. Se requieren diagnósticos sociales cualitativos y cuantitativos que indaguen sobre frecuencia, costumbres y razones de uso. También deben promoverse la participación de los actores claves en el diseño. Con la retroalimentación que se reciba, las autoridades y reguladores deberán tomar decisiones.
  • Comunicar beneficios del proyecto: La estrategia de comunicación debe ser clara sobre los beneficios y costos del proyecto para distintos actores.
  • Estrategia Participativa: La participación de actores o “stakeholder engagement” en inglés es el proceso que permite gestionar los riesgos sociales de mejor manera en un proyecto. Se requieren canales de participación definidos, un plan de comunicación claro y transparente, mecanismos para lograr acuerdos y un sistema de información continua sobre avances y cambios en el proyecto.
  • Procesos de expropiación/reasentamiento efectivos: Este es uno de los temas más sensibles que enfrenta un proyecto. Para ello, es clave la estrategia participativa, la generación de confianza y la aplicación de buenas prácticas de consulta y de compensación. Este es un punto en el que se requiere evaluar el marco regulatorio para tener un sistema que sea balanceado entre cuidar los derechos e intereses de los expropiados/reasentados y el bien común que genera la infraestructura.
  • Impactos sociales derivados de impactos ambientales: Impactos importantes que deben abordarse en la estrategia de viabilidad social incluyen las percepciones sobre afectaciones ambientales, el incremento del tráfico, riesgos de accidentes y enfermedades y otros que deben gestionarse socialmente. Todo el análisis debe realizarse bajo un enfoque de impactos acumulativos con otros proyectos y las afectaciones existentes en el escenario base.

Es muy positivo que el nuevo gobierno tenga la voluntad política de impulsar estos proyectos. Para lograr que se ejecuten en tiempos y presupuestos cercanos a los planificados es indispensable que la viabilidad social de forma integral deje de ser ignorada.