Panel “KEY ADVANTAGES OF INVESTING IN PERU” en el “Peru Day” en #PDAC2017

What are the key aspects that make Peru a competitive destination for mining?

Perú tiene múltiples ventajas competitivas en minería: potencial geológico, profesionales y proveedores capaces y a precios competitivos, costo de energía baja y cada vez mejor legislación

 

Participantes en el Panel:

  • Namrata Thapar, Global Head of Mining – International Finance Corporation
  • Ruben Arratia, Research Director of Base and Precious Metals – WoodMackenzie
  • Orlee Wertheim, Head, Business Development, Global Mining – Toronto Stock Exchange

Moderator:

  • Francis Stenning de Lavalle, General Manager – Bolsa de Valores de Lima – BVL and President of inPERU

 

 

Metis Gaia en el #PDAC 2017

METIS GAIA, representada por su socio Nathan Nadramija y su experto consultor minero Américo Villafuerte, participa en “The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2017”, del 5 al 8 de marzo.

La “PDAC Convención Internacional, Trade Show & Investors Exchange” es la convención más importante del mundo para personas, empresas y organizaciones relacionadas con la exploración y finanzas mineras. Además de reunir a más de 900 expositores y 22.000 asistentes de 125 países, también se puede asistir a sesiones técnicas, cursos cortos y eventos de networking.

En esta versión 2017, Perú cuenta con una de las delegaciones más grandes del sector privado y de mayor nivel a nivel político del evento, ya que participarán varios ministros de Estado que presentarán e impulsarán la inversión privada en emblemáticos proyectos mineros como Michiquillay, entre otros.

METIS GAIA les compartirá los más relevantes acontecimientos del evento a través de sus redes sociales como Twitter (@metis-gaia), Facebook (https://www.facebook.com/metisgaia?ref=hl) y Linked-in (https://www.linkedin.com/company-beta/959987/).

“Fondo de adelanto social minero por resultados” (Por Nathan Nadramija, socio de METIS GAIA, publicado en Gestión 22 de febrero 2017)

Gestión

El Fondo de Adelanto Social (FAS) minero busca viabilizar los proyectos mineros y de hidrocarburos que enfrentan resistencias de la población local. El Fondo apunta a financiar obras y servicios que generen bienestar en la población y atiendan las expectativas pre-proyecto. Está pendiente que el MINEM publique el reglamento para su operación. Esta iniciativa es un paso en la dirección correcta en la medida que funcione efectivamente. Para ello, se presentan algunas recomendaciones:

Gestión por Resultados: El FAS debería ser diseñado como un Programa Presupuestal por Resultados en el que la brecha es el número de proyectos que no tiene viabilidad. Las causas de esa brecha son, entre otras, la ausencia del Estado, la falta de inversión pública y las carencias de gestión, articulación y comunicación. El FAS buscará atacar estas distintas causas a través de sus productos y actividades. El Programa Presupuestal de DEVIDA es un modelo que el FAS puede copiar pues complementa diversas acciones que son competencia de otros con transferencias a diversas instituciones o ejecuciones directas siempre que estén alineados con el resultado. El éxito del fondo será el destrabar proyectos y así debería reportarse.

Articulación y coordinación: Los ejecutores principales deben ser los Gobiernos Regionales y Locales a los que se suma la acción del gobierno central. El FAS debe estar articulado con todos estos actores y promover que todos estén articulados entre sí. Los recursos deben ser asignados para complementar e impulsar el gasto público ordinario de las distintas instituciones en el marco de un plan. Por otro lado, la empresa debería alinear también sus compromisos del EIA y otros de Responsabilidad Social de modo que se eviten duplicidades, se generen sinergias y aumenten los efectos y la sostenibilidad.

El plan: Se requiere un plan de desarrollo para las zonas en las que se intervendrá. Estos deberían ser los Planes de Desarrollo Concertado Regional y Locales si es que están bien formulados. En estos planes se deben atender las carencias en servicios e infraestructura y también las trabas a la generación de mayores ingresos. En contextos rurales la gestión del agua suele estar en la intersección de ambas agendas. Entre la infraestructura y servicios claves destaca la educación en todos sus niveles, la salud y nutrición, la conectividad física y de comunicaciones, la electricidad y los servicios al ciudadano. En la generación de ingresos, con enfoque de desarrollo económico territorial es necesario mejorar el acceso a mercados, expandir frontera agrícola con mayor productividad, enfocarse en pocos productos con alto potencial, y capacitar a los jóvenes para aumentar empleabilidad y tener mayores oportunidades. Formular un buen plan de desarrollo es en sí mismo un gran primer paso.

Proyectos a incluir: Se deben incluir todos los proyectos que se encuentren listos para construcción o en fases avanzadas de estudios en los que exista una empresa comprometida para invertir. Esta lista puede revisarse periódicamente, tanto para incluir o excluir zonas y proyectos.

Errores que evitar: Un fondo que invierte en bienestar debería ser positivo independientemente al proyecto que se busca viabilizar. Sin embargo, es importante destacar dos tipos de errores que deben evitarse. El primero son las inversiones en infraestructura en las áreas que serán parte de la huella del proyecto. Es decir, son áreas que tendrán que ser adquiridas por el inversionista e invertir es ineficiente y puede generar trabas. El segundo es invertir en elefantes blancos en estas zonas. En muchos casos, un centro poblado no debería tener todos los servicios pues algunos requieren determinado tamaño de población para que tengan sentido como por ejemplo hospitales o universidades.

“El eslabón ignorado de la inversión pública” (Por Nathan Nadramija, publicado en Gestión el 7 de setiembre de 2016)

El nuevo gobierno está decidido a impulsar proyectos de inversión pública, destinando miles de millones de soles del presupuesto nacional, para brindar agua y desagüe a todos los peruanos, mejorar la infraestructura de transporte y “destrabar” grandes proyectos en diversos sectores.

A pesar de los beneficios de estas iniciativas, la experiencia reciente nos muestra resultados negativos expresado en demoras, paralizaciones, incrementos de presupuesto, tarifas más elevadas, deterioro de la reputación y pérdida de confianza. Este fenómeno se debe principalmente a que, aún contando con estudios de viabilidad económica, legal, técnica y hasta ambiental, los proyectos en el Perú ignoran la viabilidad social.

Se debe involucrar y gestionar las expectativas y preocupaciones de potenciales usuarios, vecinos afectados por la construcción, familias que deberán ser expropiadas/reasentadas, entre otros. Este involucramiento debe arrancar desde la priorización de proyectos, el diseño y el análisis de alternativas y continuar durante la construcción y operación.

Esto es más relevante en un contexto global y nacional en el que las expectativas de la población son crecientemente sensibles a los temas ambientales y sociales. A pesar de que la experiencia internacional e inclusive nuestra normativa reconocen el aspecto social como importante, estas recomendaciones son letra casi muerta.

En este contexto, es necesario que el Estado priorice el cumplimiento de la viabilidad social y ambiental de los proyectos en un marco de análisis de eficiencia, eficacia y control de costos. Las siguientes buenas prácticas contribuirán a reducir demoras y sobrecostos de muchos proyectos:

  • Mapear actores: es clave identificar a los actores relacionados al proyecto, sus niveles de influencia, interés e involucramiento, y las relaciones entre actores con un monitoreo continuo.
  • Sensibilizar: autoridades y técnicos, públicos y privados deben reconocer la importancia de la dimensión social de los proyectos tanto en su diseño como en su ejecución.
  • Diseño acorde: En primer lugar se debe confirmar la prioridad social del proyecto. Si pasa el filtro de prioridad, tiene que asegurarse que el diseño recoja las necesidades de los usuarios en un marco de control de costos. Se requieren diagnósticos sociales cualitativos y cuantitativos que indaguen sobre frecuencia, costumbres y razones de uso. También deben promoverse la participación de los actores claves en el diseño. Con la retroalimentación que se reciba, las autoridades y reguladores deberán tomar decisiones.
  • Comunicar beneficios del proyecto: La estrategia de comunicación debe ser clara sobre los beneficios y costos del proyecto para distintos actores.
  • Estrategia Participativa: La participación de actores o “stakeholder engagement” en inglés es el proceso que permite gestionar los riesgos sociales de mejor manera en un proyecto. Se requieren canales de participación definidos, un plan de comunicación claro y transparente, mecanismos para lograr acuerdos y un sistema de información continua sobre avances y cambios en el proyecto.
  • Procesos de expropiación/reasentamiento efectivos: Este es uno de los temas más sensibles que enfrenta un proyecto. Para ello, es clave la estrategia participativa, la generación de confianza y la aplicación de buenas prácticas de consulta y de compensación. Este es un punto en el que se requiere evaluar el marco regulatorio para tener un sistema que sea balanceado entre cuidar los derechos e intereses de los expropiados/reasentados y el bien común que genera la infraestructura.
  • Impactos sociales derivados de impactos ambientales: Impactos importantes que deben abordarse en la estrategia de viabilidad social incluyen las percepciones sobre afectaciones ambientales, el incremento del tráfico, riesgos de accidentes y enfermedades y otros que deben gestionarse socialmente. Todo el análisis debe realizarse bajo un enfoque de impactos acumulativos con otros proyectos y las afectaciones existentes en el escenario base.

Es muy positivo que el nuevo gobierno tenga la voluntad política de impulsar estos proyectos. Para lograr que se ejecuten en tiempos y presupuestos cercanos a los planificados es indispensable que la viabilidad social de forma integral deje de ser ignorada.

METIS GAIA en curso práctico “Mediación y Gestión Sostenible de Conflictos Socioambientales”

Nathan Nadramija, socio fundador de METIS GAIA, dictará el curso “Mediación y Gestión Sostenible de Conflictos Socioambientales”, que se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre en el NM Lima Hotel.

¿Quiénes deben asistir? Superintendentes, gerentes y ejecutivos de las áreas de relaciones comunitarias, seguridad, medio ambiente, asuntos externos, RRHH y RSE, de los sectores minería, hidrocarburos, energía y gran infraestructura. Profesionales del sector público y ONGs relacionados con los conflictos socioambientales.

Más información en: http://bytmeetings.com/Index/masinfo/556/330

Mediación y Gestión de Conflictos Socioambientales

Lanzamiento del “Centro de Competencias del Agua” (Lima, agosto 25 de 2014)

METIS GAIA es socio fundador del “Centro de Competencias del Agua”, iniciativa que pretende contribuir al incremento de la competitividad del Perú, diversificación productiva y desarrollo de capital humano altamente calificado a través de un trabajo conjunto en investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito de la gestión integrada de los recursos hídricos.

Como parte de las actividades de la iniciativa CCA se realizarán una serie de talleres para dar a conocer la iniciativa y la experiencia en innovación tecnológica de los socios internacionales como el Centro Tecnológico del Agua (TZW) de Alemania y el Consorcio Alemán German Water Partnership.

El primer taller del CCA se llevará a cabo el Lunes 25 de Agosto del presente año a las 9:00 am., en el Auditorio A2 de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Otros socios de la iniciativa del CCA son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto Geofísico del Perú, junto a otras empresas, consorcios industriales y centros de excelencia internacionales.

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Participación Ciudadana, normativa ambiental y minera en el Perú

Por: Raymundo Mogollón, Consultor de METIS GAIA (pe.linkedin.com/pub/raymundo-jesús-mogollón-ñáñez/48/981/6a6/)

En momentos que se discute sobre la importancia de la inversión privada y las trabas que enfrenta tanto a nivel político como burocrático, por ejemplo, las industrias extractivas como la minería, energía, etc., este artículo muestra algunos de los principales errores y best practices en los procesos de participación ciudadana y cómo su buena implementación representaría un positivo aporte social no aprovechado aún en nuestro país.

La Participación Ciudadana y la minería

La procesos de Participación Ciudadana, como parte de los Estudios de Impacto Ambiental, ponen a disposición de la población la información necesaria sobre las actividades (en ejecución o proyectadas) de los proyectos que se desarrollan en su entorno.  En este sentido, las buenas prácticas de este ejercicio aseguran mayores niveles de confianza y generan percepciones de transparencia en la gestión de las actividades de las empresas.

La empresas mineras, actores en un sector testigo de muchos conflictos sociales y ambientales, son conscientes que la mayoría de sus problemas podrían surgir a raíz de la deficiente o inexistente comunicación entre ellas y la población. Todo indica que este problema ha sido percibido por el Ministerio de Energía y Minas, ya que en la versión actualizada en el 2011 de su  reglamento de “Participación Ciudadana en el sub sector minero” (D.S. 028 – 2008 – EM) se exige que los procesos de Participación Ciudadana se implementen a lo largo de la vida útil de los proyectos mineros (después del otorgamiento de la concesión minera, durante los proyectos de exploración y cuando se ejecuta la explotación y beneficio), promoviendo así el desarrollo ordenado, previniendo conflictos y construyendo consensos entre los titulares mineros y la población.

Principales errores

A pesar de ello, existen algunos errores que entorpecen la construcción paulatina de confianza entre los involucrados, factor crucial en el intento por concretizar objetivos y alcanzar beneficios mutuos. Entre los más comunes se encuentran[1]: i) la falta de transparencia en la entrega de información y negociaciones, lo que genera desconfianza entre los involucrados, ii) la débil presencia del Estado como promotor del desarrollo local y garante de los derechos e intereses de la población y iii) la poca experiencia de autoridades locales representantes de las comunidades para definir prioridades de desarrollo a largo plazo.

Por ejemplo, sobre la actuación del papel del Estado, Tanaka, Huber, Revesz, Diez, Richard y de Echave (2007) mencionan:

“La actuación del Estado en los conflictos muestra su presencia desigual en los diferentes casos y espacios. Sin embargo, coincide que esta actuación está más orientada a resolver los problemas generados por los estallidos de los conflictos que a solucionar las causas que los generan” (p. 9)

Buenas prácticas

Con el fin de promocionar la actividad minera en el país a través de la construcción de relaciones comunitarias armoniosas, las entidades públicas como ente normativo y las mineras como implementadores comprenden la importancia de algunos Best Practices como i) el desarrollo constante de relaciones de confianza y cooperación (titular – Comunidad), ii) la creación de espacios de dialogo que permitan alinear perspectivas entre los involucrados, y por último iii) fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades como uno de los pilares de las buenas relaciones.

Asimismo, surge la necesidad de que una vez implementados eficazmente los procesos, sean acompañados por sistemas de monitoreo que le brinden sostenibilidad y que permitan fortalecer una práctica permanente que garantice un dialogo fructífero y asegure la viabilidad social de los proyectos mineros.

Finalmente, es importante resaltar que una de las principales recomendaciones que se puede desprender de la historia reciente es que la responsabilidad compartida entre el Estado (en su rol evaluador del cumplimiento de la legislación ambiental/social) y el titular minero debería ser, en primera instancia, resolver las confusiones de la población sobre las obligaciones de las empresas (mineras) en términos de inversión social, dado que esto representaría el motivo de numerosos conflictos en el sector.


[1] Bautista, M. (2011). Manual de Participación Ciudadana. Proyecto de Reforma del Sector Minerales del Perú.