Participación Ciudadana, normativa ambiental y minera en el Perú

Por: Raymundo Mogollón, Consultor de METIS GAIA (pe.linkedin.com/pub/raymundo-jesús-mogollón-ñáñez/48/981/6a6/)

En momentos que se discute sobre la importancia de la inversión privada y las trabas que enfrenta tanto a nivel político como burocrático, por ejemplo, las industrias extractivas como la minería, energía, etc., este artículo muestra algunos de los principales errores y best practices en los procesos de participación ciudadana y cómo su buena implementación representaría un positivo aporte social no aprovechado aún en nuestro país.

La Participación Ciudadana y la minería

La procesos de Participación Ciudadana, como parte de los Estudios de Impacto Ambiental, ponen a disposición de la población la información necesaria sobre las actividades (en ejecución o proyectadas) de los proyectos que se desarrollan en su entorno.  En este sentido, las buenas prácticas de este ejercicio aseguran mayores niveles de confianza y generan percepciones de transparencia en la gestión de las actividades de las empresas.

La empresas mineras, actores en un sector testigo de muchos conflictos sociales y ambientales, son conscientes que la mayoría de sus problemas podrían surgir a raíz de la deficiente o inexistente comunicación entre ellas y la población. Todo indica que este problema ha sido percibido por el Ministerio de Energía y Minas, ya que en la versión actualizada en el 2011 de su  reglamento de “Participación Ciudadana en el sub sector minero” (D.S. 028 – 2008 – EM) se exige que los procesos de Participación Ciudadana se implementen a lo largo de la vida útil de los proyectos mineros (después del otorgamiento de la concesión minera, durante los proyectos de exploración y cuando se ejecuta la explotación y beneficio), promoviendo así el desarrollo ordenado, previniendo conflictos y construyendo consensos entre los titulares mineros y la población.

Principales errores

A pesar de ello, existen algunos errores que entorpecen la construcción paulatina de confianza entre los involucrados, factor crucial en el intento por concretizar objetivos y alcanzar beneficios mutuos. Entre los más comunes se encuentran[1]: i) la falta de transparencia en la entrega de información y negociaciones, lo que genera desconfianza entre los involucrados, ii) la débil presencia del Estado como promotor del desarrollo local y garante de los derechos e intereses de la población y iii) la poca experiencia de autoridades locales representantes de las comunidades para definir prioridades de desarrollo a largo plazo.

Por ejemplo, sobre la actuación del papel del Estado, Tanaka, Huber, Revesz, Diez, Richard y de Echave (2007) mencionan:

“La actuación del Estado en los conflictos muestra su presencia desigual en los diferentes casos y espacios. Sin embargo, coincide que esta actuación está más orientada a resolver los problemas generados por los estallidos de los conflictos que a solucionar las causas que los generan” (p. 9)

Buenas prácticas

Con el fin de promocionar la actividad minera en el país a través de la construcción de relaciones comunitarias armoniosas, las entidades públicas como ente normativo y las mineras como implementadores comprenden la importancia de algunos Best Practices como i) el desarrollo constante de relaciones de confianza y cooperación (titular – Comunidad), ii) la creación de espacios de dialogo que permitan alinear perspectivas entre los involucrados, y por último iii) fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades como uno de los pilares de las buenas relaciones.

Asimismo, surge la necesidad de que una vez implementados eficazmente los procesos, sean acompañados por sistemas de monitoreo que le brinden sostenibilidad y que permitan fortalecer una práctica permanente que garantice un dialogo fructífero y asegure la viabilidad social de los proyectos mineros.

Finalmente, es importante resaltar que una de las principales recomendaciones que se puede desprender de la historia reciente es que la responsabilidad compartida entre el Estado (en su rol evaluador del cumplimiento de la legislación ambiental/social) y el titular minero debería ser, en primera instancia, resolver las confusiones de la población sobre las obligaciones de las empresas (mineras) en términos de inversión social, dado que esto representaría el motivo de numerosos conflictos en el sector.


[1] Bautista, M. (2011). Manual de Participación Ciudadana. Proyecto de Reforma del Sector Minerales del Perú.

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