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What are the key aspects that make Peru a competitive destination for mining?
Perú tiene múltiples ventajas competitivas en minería: potencial geológico, profesionales y proveedores capaces y a precios competitivos, costo de energía baja y cada vez mejor legislación
Participantes en el Panel:
Moderator:
METIS GAIA, representada por su socio Nathan Nadramija y su experto consultor minero Américo Villafuerte, participa en “The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2017”, del 5 al 8 de marzo.
La “PDAC Convención Internacional, Trade Show & Investors Exchange” es la convención más importante del mundo para personas, empresas y organizaciones relacionadas con la exploración y finanzas mineras. Además de reunir a más de 900 expositores y 22.000 asistentes de 125 países, también se puede asistir a sesiones técnicas, cursos cortos y eventos de networking.
En esta versión 2017, Perú cuenta con una de las delegaciones más grandes del sector privado y de mayor nivel a nivel político del evento, ya que participarán varios ministros de Estado que presentarán e impulsarán la inversión privada en emblemáticos proyectos mineros como Michiquillay, entre otros.
METIS GAIA les compartirá los más relevantes acontecimientos del evento a través de sus redes sociales como Twitter (@metis-gaia), Facebook (https://www.facebook.com/metisgaia?ref=hl) y Linked-in (https://www.linkedin.com/company-beta/959987/).
El Fondo de Adelanto Social (FAS) minero busca viabilizar los proyectos mineros y de hidrocarburos que enfrentan resistencias de la población local. El Fondo apunta a financiar obras y servicios que generen bienestar en la población y atiendan las expectativas pre-proyecto. Está pendiente que el MINEM publique el reglamento para su operación. Esta iniciativa es un paso en la dirección correcta en la medida que funcione efectivamente. Para ello, se presentan algunas recomendaciones:
Gestión por Resultados: El FAS debería ser diseñado como un Programa Presupuestal por Resultados en el que la brecha es el número de proyectos que no tiene viabilidad. Las causas de esa brecha son, entre otras, la ausencia del Estado, la falta de inversión pública y las carencias de gestión, articulación y comunicación. El FAS buscará atacar estas distintas causas a través de sus productos y actividades. El Programa Presupuestal de DEVIDA es un modelo que el FAS puede copiar pues complementa diversas acciones que son competencia de otros con transferencias a diversas instituciones o ejecuciones directas siempre que estén alineados con el resultado. El éxito del fondo será el destrabar proyectos y así debería reportarse.
Articulación y coordinación: Los ejecutores principales deben ser los Gobiernos Regionales y Locales a los que se suma la acción del gobierno central. El FAS debe estar articulado con todos estos actores y promover que todos estén articulados entre sí. Los recursos deben ser asignados para complementar e impulsar el gasto público ordinario de las distintas instituciones en el marco de un plan. Por otro lado, la empresa debería alinear también sus compromisos del EIA y otros de Responsabilidad Social de modo que se eviten duplicidades, se generen sinergias y aumenten los efectos y la sostenibilidad.
El plan: Se requiere un plan de desarrollo para las zonas en las que se intervendrá. Estos deberían ser los Planes de Desarrollo Concertado Regional y Locales si es que están bien formulados. En estos planes se deben atender las carencias en servicios e infraestructura y también las trabas a la generación de mayores ingresos. En contextos rurales la gestión del agua suele estar en la intersección de ambas agendas. Entre la infraestructura y servicios claves destaca la educación en todos sus niveles, la salud y nutrición, la conectividad física y de comunicaciones, la electricidad y los servicios al ciudadano. En la generación de ingresos, con enfoque de desarrollo económico territorial es necesario mejorar el acceso a mercados, expandir frontera agrícola con mayor productividad, enfocarse en pocos productos con alto potencial, y capacitar a los jóvenes para aumentar empleabilidad y tener mayores oportunidades. Formular un buen plan de desarrollo es en sí mismo un gran primer paso.
Proyectos a incluir: Se deben incluir todos los proyectos que se encuentren listos para construcción o en fases avanzadas de estudios en los que exista una empresa comprometida para invertir. Esta lista puede revisarse periódicamente, tanto para incluir o excluir zonas y proyectos.
Errores que evitar: Un fondo que invierte en bienestar debería ser positivo independientemente al proyecto que se busca viabilizar. Sin embargo, es importante destacar dos tipos de errores que deben evitarse. El primero son las inversiones en infraestructura en las áreas que serán parte de la huella del proyecto. Es decir, son áreas que tendrán que ser adquiridas por el inversionista e invertir es ineficiente y puede generar trabas. El segundo es invertir en elefantes blancos en estas zonas. En muchos casos, un centro poblado no debería tener todos los servicios pues algunos requieren determinado tamaño de población para que tengan sentido como por ejemplo hospitales o universidades.
El gobierno ha señalado que implementará políticas públicas basadas sobre resultados. Es decir, contará con indicadores que midan la eficiencia, eficacia y calidad de las mejoras que brinda a la población. Si bien este enfoque se impulsa desde hace varios años, es positivo que se priorice a nivel político pues garantiza un monitoreo permanente y una clara rendición de cuentas.
Los gobiernos regionales y locales son actores clave por estar en contacto directo con las necesidades del territorio. Es necesario incorporarlos a esta lógica de gasto para garantizar un adecuado uso de los recursos públicos. No olvidar que ellos concentran el 37% del presupuesto nacional y aportan el 54% del PBI.
Algunas recomendaciones para que la articulación de los tres nvieles de gobierno se fortalezca:
Las recomendaciones planteadas surgen de observar directamente los cuellos de botella que enfrentan las regiones para la implementación de políticas públicas. La calidad del gasto público mejorará al interior del país en la medida que el gobierno central genere un paquete de herramientas que aterrice a la realidad de los Gobiernos Regionales y Locales. Pensar que las normas se van a implementar porque se publican en el diario oficial ha sido el comportamiento usual, es momento de priorizar una agenda articulada en los tres niveles de gobierno. La creación de la instancia “GORE – Ejecutivo” ha dado un primer paso a nivel político; debe bajar al nivel técnico que es donde se ejecutan las acciones en el día a día.
Desde el pasado mes de enero, MG CAVALA acompañó y asesoró al CONCYTEC para la implementación de su Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la última norma internacional ISO 9001:2015, en los procesos de calificación y autorización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i), así como la autorización a centros especializados en I+D+ i del programa de Beneficios Tributarios establecido por la Ley 30309.
La semana pasada el CONCYTEC afrontó exitosamente la auditoría externa de certificación con CERO “no conformidades”; por ello, la empresa AENOR PERU recomendó su certificación. El trabajo bien hecho y el esfuerzo de todo el equipo tuvo su recompensa. ¡MUCHAS FELICIDADES CONCYTEC Y EQUIPO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS!
El Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la ISO 9001:2015 proporciona a una organización una visión preventiva a partir del análisis de sus riesgos (para minimizarlos) y oportunidades (para potenciarlos) permitiendo mejorar sus procesos haciendo uso eficiente de sus recursos y gestionando su conocimiento. MG CAVALA como empresa especializada en Sistema de Gestión brinda sus servicios de implementación o actualización de esta norma internacional.
El SNIP nace con el fin de asegurar un mínimo de razonabilidad y pertinencia técnica de los proyectos de inversión pública y evitar monumentos al sombrero o plazas de toros para más espectadores que habitantes de la localidad. La mayor queja son las demoras y plazos debido a que formular los proyectos se convirtió en una tarea más exigente, con más pasos que requieren aprobación. Otra queja es la baja calidad de muchos de los proyectos que son aprobados. ¿Esto justifica eliminar el SNIP o es necesario reformarlo?
Al escarbar sobre las causas de las demoras y baja calidad de proyectos saltan múltiples carencias en las instituciones:
Resolviendo las ineficiencias y cuellos de botella se pueden reducir los plazos pero no eliminar. Se necesitan proyectos bien formulados, desarrollados sobre diagnósticos bien realizados y que se encuentren priorizados en el marco de un plan estratégico razonable, para evitar los “elefantes blancos”. Por ello, la solución no es matar el SNIP sino fortalecer el sistema atacando las principales carencias mencionadas.
Más que muerte del SNIP se necesitan mejores prácticas de gestión, una revaloración del planeamiento y mayor articulación entre los distintos niveles de gobierno.
El MIDIS, el MINEDU (gestión Saavedra) y algunas áreas de otras entidades con apoyo del MEF, han mejorado sus políticas y programas aplicando buenas prácticas de gestión pública internacionalmente recomendadas.
La nueva administración bien podría medir cuántas entidades las aplican adecuadamente y con ello saber si hacen un uso eficiente de los escasos recursos públicos que se les destinan para el logro de sus objetivos.
Buen planeamiento y mejor diseño.- Preguntas como cuál es el problema que se quiere solucionar y su tamaño, cuál es la población objetivo de la intervención, sus características socioeconómicas, demográficas y culturales, qué recursos propios y de otros sectores necesito, con qué instituciones y cómo debo coordinar tanto a nivel nacional, regional o local,, es la implementación transversal o existen diferencias idiosincráticas regionalmente, es necesario un piloto, entre otras, pueden poner en aprietos a la mayoría de entidades y programas existentes.
Lo tradicional es que se repitan los mismos planes y presupuestos inercialmente sin mayor reflexión, con el gran riesgo de aumentar el gasto o la inversión pública sin que la población perciba mejoras y que las brechas de atención que sufren son cerradas.
Más concretamente, sin planeamiento ni diseños claros, se pueden dar inconsistencias como invertir en la construcción y equipamiento de hospitales sin tener el número adecuado de médicos y técnicos para hacerlo funcionar, o modernizar comisarías en zonas que no tienen acceso a banda ancha o servicio eléctrico permanente, o que el Estado subsidie o repare a concesionarios de carreteras, puertos o aeropuertos regionales por deficientes proyecciones de demanda o imposibilidad de brindar las condiciones básicas para su funcionamiento, entre otros casos.
Continuo seguimiento y monitoreo.- Si lo anterior es fundamental, no menos importante es definir cuáles son los indicadores o variables que dirán si el plan está siendo implementado de manera efectiva o si necesita cambios.
No solo es cuestión de tener indicadores “creativos” sino más importante es que sean medibles de manera realista, continua y cuenten con responsables de reportarlos. De nada sirve establecer un indicador si no lo voy a medir o si para hacerlo necesito más recursos que para todo el plan en sí (p.e. lanzar encuestas nacionales anualmente).
Evaluación.- Ya sea “de resultados”, “de medio periodo” o las más técnicamente exigentes como “las de impacto”, la evaluación es herramienta muy útil no solo para asegurar el buen uso de los recursos públicos y el logro de los objetivos sino para sistematizar conocimiento y mejorar los diseños de políticas.
Establecer áreas responsables.- MIDIS y MINEDU tiene áreas especializadas para el seguimiento, monitoreo y evaluación de sus diferentes políticas y programas. Es necesario que cada institución defina el área responsable de brindar este análisis a la sociedad en su conjunto, además que alimentará el mejor diseño de políticas y asignación de recursos a futuro.
Ciertamente implementar estas prácticas de manera sostenible requiere, además de liderazgo claro, recursos para capacitar funcionarios, levantar información de base a nivel nacional y regional para diferentes sectores y problemáticas, implementar sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación continua, entre otros. Sin embargo, es lo mínimo que se le puede exigir a un Estado que pretende ser moderno y brindar servicios de calidad con transparencia.
Alcanzar estas mejores prácticas permitirá que desde las grandes empresas que destinan miles de millones de soles a esquemas como Obras por Impuestos hasta los ciudadanos “de a pie” que pagamos nuestros impuestos tengamos la seguridad que los recursos públicos se utilizan de manera eficiente y efectiva para solucionar los principales problemas del país.
El nuevo gobierno está decidido a impulsar proyectos de inversión pública, destinando miles de millones de soles del presupuesto nacional, para brindar agua y desagüe a todos los peruanos, mejorar la infraestructura de transporte y “destrabar” grandes proyectos en diversos sectores.
A pesar de los beneficios de estas iniciativas, la experiencia reciente nos muestra resultados negativos expresado en demoras, paralizaciones, incrementos de presupuesto, tarifas más elevadas, deterioro de la reputación y pérdida de confianza. Este fenómeno se debe principalmente a que, aún contando con estudios de viabilidad económica, legal, técnica y hasta ambiental, los proyectos en el Perú ignoran la viabilidad social.
Se debe involucrar y gestionar las expectativas y preocupaciones de potenciales usuarios, vecinos afectados por la construcción, familias que deberán ser expropiadas/reasentadas, entre otros. Este involucramiento debe arrancar desde la priorización de proyectos, el diseño y el análisis de alternativas y continuar durante la construcción y operación.
Esto es más relevante en un contexto global y nacional en el que las expectativas de la población son crecientemente sensibles a los temas ambientales y sociales. A pesar de que la experiencia internacional e inclusive nuestra normativa reconocen el aspecto social como importante, estas recomendaciones son letra casi muerta.
En este contexto, es necesario que el Estado priorice el cumplimiento de la viabilidad social y ambiental de los proyectos en un marco de análisis de eficiencia, eficacia y control de costos. Las siguientes buenas prácticas contribuirán a reducir demoras y sobrecostos de muchos proyectos:
Es muy positivo que el nuevo gobierno tenga la voluntad política de impulsar estos proyectos. Para lograr que se ejecuten en tiempos y presupuestos cercanos a los planificados es indispensable que la viabilidad social de forma integral deje de ser ignorada.
Rut Ballesteros, socia de MG-CAVALA, presenta las principales oportunidades que tienen las empresas peruanas con la nueva versión del ISO 9001:2015 que entra en vigencia este año. Esto aplica tanto para las empresas que deban renovar sus certificaciones de calidad ISO 9001 o las que deseen obtenerlas. Artículo en el diario Gestión del 23 de abril de 2015.
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